La victoria jurídica de Abelina

MISAEL TAMAYO NÚÑEZ

La presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez (actualmente alcaldesa con licencia y en busca de la coordinación estatal de Morena), dio una batalla legal sin precedentes, que finalmente ganó ayer con el fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La controversia constitucional que interpuso la alcaldesa fue en contra de la Auditoría General del Estado de Guerrero (AGE), que la emplazó para que entregara la cuenta pública de 2023, para su revisión. Dado que no lo hizo, Abelina fue acusada de desviar cerca de 900 millones de pesos, correspondientes a la partida presupuestal de obras públicas.

Por unanimidad, los ministros de la SCJN aprobaron el proyecto que presentó el magistrado Arístides Guerrero García para declarar como inválido el informe realizado por la auditoría guerrerense, toda vez que la revisión de los recursos federales es competencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Y aunque la resolución del máximo tribunal del país se bajó en la incompetencia de la AGE para no sólo auditar al ayuntamiento de Acapulco, sino incluso para solicitar el desafuero de Abelina López para ser juzgada por desvío de recursos públicos, dejando de lado la obligación de rendición de cuentas, no deja de ser un histórico precedente que servirá en lo sucesivo para todos los municipios del estado y del resto del país.

Incluso la presidenta Claudia Sheinbaum indicó hace unos días algo que no tiene gran ciencia de comprender: que la supervsión de los recursos federales son, como su nombre lo indica, de competencia federal. Mientras que a las auditorías estatales les corresponde vigilar la aplicación de los dineros del estado, concretamente todo lo que tiene que ver con el dinero de los impuestos locales.

Hasta ahora, la Auditoría General del Estado, órgano revisor que depende del Congreso local pero que tiene plena autonomía, incluso para demandar penalmente a los entes evasores, venía trabajando con base en convenios con el gobierno federal, que se renuevan cada año, en cada ejercicio fiscal.

Los convenios de colaboración permiten que las autoridades estatales ayuden en la fiscalización del dinero público, incluyendo obras, servicios, nóminas, etcétera, de todos los organismos públicos, desde ayuntamientos, secretarías de despacho estatal, direcciones, organismos público desceentralizados, etcétera.

Pero, con la decisión de la SCJN de ahora, eso cambia radicalmente, pues se definen las competencias entre estado y federación.

Quiero pensar que, en lo sucesivo, cada municipio podrá decidir entre ser auditado por la Federación, en lugar de que lo haga la AGE, sin que ello desate persecusión y señalamientos, como lo que se hizo con Abelina López Rodríguez de parte del auditor general, Marco César Paris Peralta, de quien la SCJN dijo que exceció el ámbito de sus atribuciones constitucionales al iniciar ese procedimiento contra el Ayuntamiento de Acapulco.

Y es que muchas veces Abelina explicó que estaba en su derecho de llevar su cuenta pública a la Auditoría Superior de la Federación, pero Paris Peralta no frenó en sus declaraciones de desvío de recursos, causando un gran daño moral a la alcaldesa y en general al ayuntamiento de Acapulco.

La pregunta es qué sigue ahora para el auditor estatal y si Abelina lo obligará a resarcir de algún modo el daño que le causó, al acusarla de desviar casi 900 millones de pesos. Porque es cierto que el resolutivo de ayer no exhime a la alcaldesa acapulqueña de la rendición de cuentas, ni implica una exoneración de cualquier delito que se haya cometido en el ejercicio fiscal que se revisó; pero con el hecho de que la SCJN señale que el auditor guerrerense se extralimitó en sus funciones, nos habla de un abuso de autoridad que también puede ser castigado.

También es cierto que Paris Peralta basaba su actuación en el convenio de colaboración entre la AGE y la ASF, pero en algún punto debió parar y más bien buscar la opinión de la Federación, antes de continuar en su cruzada fiscalizadora.

Fue desde mayo del año pasado cuando la alcaldesa con licencia interpuso la controversia constitucional en contra de la AGE, y del informe que la responsabilizó del desvió de 898 millones de pesos, emitiendo 10 aspectos de responsabilidad administrativa como parte de un amplio pliego de observaciones.

Abelina alegó en su controversia que los recursos provenientes de la Federación sólo pueden ser auditados por la ASF. Y justo en este mismo sentido resolvió la SCJN.

Como defensa y en sus alegados, la AGE afirmó que contaba con plenas facultades para revisar la hacienda de sus municipios y el manejo de los recursos.

La respuesta que le dieron es que las aportaciones entregadas a través de fondos "no pierden su naturaleza de recursos federales", por lo que una auditoría local no puede revisar el uso de esos fondos.

¿Entonces? Da el caso que la ASF creó hace unos meses una auditoría para Estados y Municipios, a cargo precisamente de Alfonso Damián Peralta. Luego entonces, en lo sucesivo el hermano de la aspirante a gobernadora de Morena en Guerrero, Esthela Damián Peralta, será el encargado de esas tareas.

Probablemente siga vigente el convenio de colaboración con la AGE, para darle opción a los ayuntamientos de recurrir a una o a otra instancia. Pero eso lo tendrán que determinar las autoridades.