¡Ayotzi vive!
El tiempo camina en contra de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace 5 años, en el marco de su campaña por la presidencia de la República, prometió la reapertura del Caso Ayotzinapa, que el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto ya había dado por cerrado con la “verdad histórica”, para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, hace casi 9 años.
Como dice el vocero de los padres de los desaparecidos, Melitón Ortega, es cierto que ha habido grandes y buenos avances, pero aún se ignora dónde están los restos de los muchachos. Y es que si algo ya quedó claro con la nueva investigación, es que fueron asesinados por grupos delincuenciales que a su vez contaron con la colaboración de autoridades policiales de todos los niveles, incluido el Ejército, concretamente del 27 Batallón de Infantería.
Es decir, que la investigación del gobierno de AMLO, que corrió a cargo de la comisión especial del caso, encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, solamente confirmó lo que los padres, sus asesores y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ya habían dicho, pero faltaban detalles de la participación de policías y militares, así como nombres, lugares y modo de operación.
Al GIEI se le debe, además, la revelación de que la Marina también participó en la construcción de la “verdad histórica”, con un video en donde se observa a elementos de ese cuerpo militar en el basurero de Cocula, poniendo y quitando cosas, en una clara maniobra de construir un escenario acorde a lo que iban a informar.
Hasta ahora, por ejemplo, este hilo está quedando suelto. Ignoramos si mandos militares de la época ya fueron citados a declarar, y si ya fueron identificados los jefes y elementos que participaron en esas faenas, cuyos trabajos fueron filmados por un dron.
Tampoco hay avances en cuanto a los funcionarios que, según la investigación de Encinas, se pusieron de acuerdo para construir la verdad histórica y no salirse de ese guion, mientras daban por muertos a los muchachos en el basurero de Cocula y sus restos echados al río San Juan de ese municipio.
Aunque en un inicio se dijo que había denuncias en contra de funcionarios federales y estatales de alto nivel, la revelación de la querella y la solicitud de la orden de aprehensión, dada por un medio nacional, obligó a las autoridades a retirarla, por aquello de que se estaba violando el debido proceso, y precisamente para evitar que eso les diera pauta para sustraerse a la acción de la justicia.
De los funcionarios estatales señalados, sólo ha sido detenido en Nayarit Leonardo Vázquez Pérez, el ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Ángel Aguirre. Falta la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, a quien se le acusa de obstruir la justicia, con la desaparición de los videos de la Ciudad Judicial de Iguala. Podemos apostar, sin embargo, que pese a la demora, el presidente de la República está calculando los tiempos. Será en pleno proceso electoral cuando se acelere el caso. Y entonces ya veremos, dijo un ciego.