3 de 3 no es impedimento
Los esfuerzos por bloquear a los violentadores e irresponsables para que no se postulen a cargos de elección popular, fueron en vano, porque aunque existen dos leyes en la materia aprobadas constitucionalmente, al Senado de la República se le olvidó modificar la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales (LIPE), y por lo tanto el Instituto Nacional Electoral queda imposibilitado por ahora para denegar registros de este tipo de personas, sean hombres y mujeres.
Porque sí, da la casualidad de que la violencia no conoce géneros, y aunque la violenta intrafamiliar, de género y la irresponsabilidad en la manutención de los hijos es más común entre varones, merced a una política machista que ha sido fomentada por siglos en este país y en realidad en el mundo entero.
Con las leyes 3 de 3 se logró mucho, fue realmente un gran avance y da la oportunidad para romper ese círculo vicioso que afecta a mujeres e hijos, mientras se tiene un sistema político cómplice y protector de sus cuadros que al pueblo le dan la cara de candil y en su casa son oscuridad.
Pero algo sucedió que no se completó el proceso, pues para incluir como causal de denegación de registros y candidaturas el estar inscritos en el padrón de violentadores, se tenía que modificar le ley electoral.
Cosa lógica pero parece que allá arriba no les funciona el cerebro por la derecha.
Por ahora, el INE le está echando la carga a los partidos políticos para que eviten en lo posible evitar postular a personas que estén inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS), pese a que este registro lo maneja el propio INE.
Y decimos, ok, si el INE tiene en sus manos las pruebas de la violencia, ¿por qué entonces no puede tachar los registros, para evitar que participen en los procesos internos, primero, y posteriormente en los procesos constitucionales?
Porque en los procesos electorales el INE tiene como base de su actuación la LIPE, que en ningún momento integra esas disposiciones. ¿Qué tal?
Por lo tanto, es responsabilidad de los partidos en primera instancia.
En segundo lugar, se le echa la carga a los agraviados (en este caso mujeres y niños), para acudir a los tribunales electorales y echar abajo las candidaturas.
Pero dado que los tribunales, tanto estatales como el federal, se basan también en las leyes vigentes y sus procedimientos, seguramente les dirán lo mismo.
Todo quedó, por ahora, en un tema legal y moral. Legal porque a través de juicios civiles y penales, se logró demostrar que hay personas que ejercen violencia política en razón de género, o que violentan a esposas e hijos. Y moral porque ya queda de cada partido hablar con los susodichos para que tengan tantita pena y retiren sus registros.
Se perdió, pues, una excelente oportunidad para evitar que semejantes personas resulten electas y se empoderen aún más, ampliando el viacrucis para sus víctimas.