Editorial
Ayotzinapa
Con el vuelco inesperado del Caso Ayotzinapa, Guerrero vivió ayer momentos de tensión, por la continuación de la comparecencia del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
Se presumía que ayer determinarían si quedaba vinculado a proceso o era libre de los cargos que se le imputan, pero hacia las 20:00 horas aún se desconocía el destino del ex mandatario guerrerense.
Se informó que la audiencia continuará durante la noche de este martes, para determinar si es que sería vinculado a proceso o no, con la comparecencia de los testigos de la defensa, entre los que se encuentran el ex secretario general de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
Este último, por cierto, era el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pero fue llamado a la Secretaría de Gobierno cuando el titular, Humberto Salgado Gómez fue depuesto por el otro caso Ayotzinapa, relativo al desalojo violento de la Autopista del Sol, en el que murieron 2 normalistas bajo balas oficiales, el 12 de diciembre de 2011, y por lo cual fueron también renunciados el procurador Alberto López Rosas y el secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja.
A la salida de Martínez Garnelo en el Tribunal Superior de Justicia se nombró a Lambertina Galeana Marín, de modo que cuando se registraron los hechos en Iguala, el 26 de septiembre de 2014, ella era la presidenta del Poder Judicial.
La defensa, encabezada por el ex procurador Iñaki Blanco, pidió el pasado viernes la ampliación del término constitucional (duplicidad del plazo) para aportar pruebas de descargo, por lo que este martes se reanudó la audiencia.
Ayer trascendió que la defensa del ex gobernador guerrerense cuenta con 31 datos de prueba, entre los que se encuentran documentación oficial, reportes periodísticos y múltiples declaraciones, razón por lo cual la comparecencia de ayer se prolongó.
Y mientras familiares y amigos hacían misas para pedir por la libertad de Ángel Aguirre en 8 municipios del estado, padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, se manifestaban para pedir que se le encarcele y se le investigue, considerando que sí tiene responsabilidad en el caso.
Además, expusieron su derecho a conocer el paradero de sus hijos, desaparecidos aquella noche en Iguala, a donde acudieron a “tomar” camiones para un viaje a la Ciudad de México, enviados por su comité estudiantil, que por cierto no ha sido investigado, como tampoco la dirección ni la planta docente del plantel, sin lo cual la indagatoria será siempre incompleta.
La dirigencia nacional de Morena defendió las actuaciones de la FGR alegando que no se trata de persecución política, mientras que familiares y amigos confían en que Aguirre Rivero sabrá demostrar su inocencia, concretamente que no recibió ni conoció la existencia de grabaciones del sistema de videovigilancia de la Ciudad Judicial de Iguala, y que dicen que mandó destruir para proteger a su sobrino Ernesto Aguirre Gutiérrez.