Homero Rodríguez Serrano
FRAUDE A LA LEY, LA EXTENSION DE DOS AÑOS DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE.
"Llamo a todos los mexicanos a la reconciliación y a poner por encima de los intereses personales, por legítimos que sean, el interés general. Como afirmó Vicente Guerrero: ‘La patria es primero.’ El nuevo proyecto de nación buscará establecer una auténtica democracia. No apostamos a construir una dictadura abierta ni encubierta. Los cambios serán profundos, pero se darán con apego al orden legal establecido”.
Estas fueron las palabras con que Andrés Manuel López Obrador inició su discurso de aceptación después del triunfo alcanzado en las urnas el domingo 2 de julio de 2018. Hoy que, en México, están bajo metralla pilares fundamentales de la legalidad y la democracia, aquel histórico mensaje parece haber sido expulsado del cerebro presidencial.
Síntomas del deterioro se suman día con día. Apenas la semana pasada, con el desconocimiento de una inmensa mayoría de senadores y violando con indolencia la Constitución, la bancada del partido del presidente votó extender el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea como titular del Poder Judicial de la Federación, sin importar que con ello se haya sometido a la Corte a una presión atómica que podría hacerla volar por los aires.
Con esta acción, el Senado incurre en una doble violación constitucional. Por un lado, se salta el mecanismo previsto en la Constitución para nombrar al presidente de la Corte. Por otro lado, le impone reglas al Poder Judicial, desconociendo su autonomía, pues esa autonomía consiste, sustantivamente, en gobernarse según sus propias reglas, no con las que le dicte otro poder.
Hasta el momento, Arturo Zaldívar, sabedor de que incurriría en responsabilidad al opinar sobre un procedimiento legislativo, no ha defendido la autonomía del poder que preside, no ha pronunciado una palabra respecto de esta doble injerencia del Poder Legislativo en el Poder Judicial. Ha desaparecido en el momento clave.
El transitorio, se infiere entonces, fue operado desde el Senado por Ricardo Monreal, impensablemente sin el aval de AMLO y de su consejería Jurídica. Violando el artículo 97 constitucional que establece que la presidencia de la Suprema Corte se define por el voto de los ministros de la misma Corte, por un tiempo improrrogable de cuatro años. La presidencia de Zaldívar termina en 2022. La han pasado a 2024. Es tan aberrante la intromisión que algunos de los diputados más comprometidos con la 4T, como PabloGómez, Porfirio Muñoz Ledo y Lorena Villavicencio, se han pronunciado abiertamente en contra.
Por su parte, sus promotores arguyen que se trata de garantizar la aplicación de la reforma del Poder Judicial Federal impulsada por el ministro Arturo Zaldívar, cuyo silencio desde hace ocho días, cuando se conoció la información, parece confirmar que la idea no le repugna.
Este fraude a la ley rebasa las fronteras: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a “garantizar que la duración de los mandatos de cargos directivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal se ajusten a los plazos constitucionales establecidos en resguardo de su independencia conforme a los estándares interamericanos”
El transitorio inconstitucional del Senado tiene un tinte político obvio: haría coincidir la salida de Zaldívar de la Corte con la de López Obrador de la presidencia, en 2024. La coincidencia ha despertado suspicacias lógicas de que la ampliación inconstitucional del periodo de Zaldívar es un ensayo para la ampliación inconstitucional de la presidencia de López Obrador.
Nadie se chupa el dedo en México respecto de que esta provocación del Senado viene del Poder Ejecutivo, que en estos días se ve reducido al capricho de su titular, el Presidente. El silencio de Zaldívar es estruendoso y cómplice. Saludos amigos.