DESPEJAR
Cae Aguirre… y se derrumba el pacto de silencio
MISAEL TAMAYO NÚÑEZ
En uno de los movimientos judiciales de mayor alcance desde que el gobierno federal desechó la llamada "verdad histórica", la Fiscalía General de la República detuvo ayer en su residencia de Tepoztlán, Estado de México, al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, por el Caso Ayotzinapa.
Los detalles dieron la vuelta al mundo a través de medios y redes sociales desde el momento en que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, hizo oficial la detención del ex gobernador guerrerense, incluyendo su fotografía.
Esto coloca bajo proceso a quien encabezaba el Poder Ejecutivo de Guerrero cuando ocurrieron los hechos de Iguala, el 26 y 27 de septiembre de 2014, hace ya casi 12 años.
Los que expuso la fiscal general no es nuevo. Al ex gobernador se le acusaba por lo menos de actos de negligencia, dado que no actuó en tiempo y forma para rescatar a los muchachos que desde la tarde del 26 de septiembre estaban siendo perseguidos y acorralados por hombres armados, que ahora se sabe formaban parte del grupo delincuencial Guerreros Unidos.
Sin embargo, había un eslabón que resaltaba en la trama de la “verdad histórica”: las grabaciones del sistema de videovigilancia de la Ciudad Judicial de Iguala, así como las grabaciones del C4, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública.
En primera instancia, se dijo que no se grabó nada por problemas técnicos. También se dijo que sí existían las grabaciones, pero eran inútiles para sustentar acusaciones, porque no eran de buena calidad.
Ahora, la fiscal general señala que hay por lo menos dos testigos, uno de ellos que declaró en calidad de testigo protegido, que revelan que los videos sí existieron y se le entregaron directamente al ex gobernador Aguirre, con la consigna de guardar absoluto silencio al respecto.
Otra persona habla de una reunión del ex mandatario con los miembros de su gabinete de Seguridad, donde se determinó un pacto de silencio en torno al caso.
Eso incluye al ex procurador Iñaki Blanco; al ex secretario de Gobierno y ex titular del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Garnelo; al ex secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez, este ya detenido desde 2022 en Nayarit, acusado de delincuencia organizada y presunta omisión en los hechos que derivaron en la muerte de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
Por este hecho fue detenida la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana, sucesora de Jesús Garnelo y quien sería la responsible directa de resguardar las evidencias.
Lambertina fue detenida en mayo de 2025, acusada también de ocultar evidencias del caso.
Principalmente se indica que los videos de la Ciudad Judicial son claves para determinar a qué grupo delincuencial fueron entregados los muchachos por parte de policías municipales y estatales, pues originalmente se dijo que se los llevaron policías de Cocula para incinerarlos en el basurero y luego aventar sus cenizas al río San Juan de ese municipio.
Al contario, tras las investigaciones de la comisión especial que presidió Alejandro Encinas, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se determinó que esa versión fue fabricada por la Procuraduría General de la República, dirigida por Jesús Murillo Karam, preso desde el 19 de agosto de 2022.
La versión, por lo tanto, fue desechada y el caso reabierto para profundizar en las investigaciones y determinar el paradero de los jóvenes, que para entonces ya se sabía que fueron divididos en por lo menos 3 grupos, para ser llevados en distintas direcciones, mientras que algunos se quedaron en Iguala.
Ahora bien, no es la primera vez que el nombre del ex gobernador Ángel Aguirre se menciona en la indagatoria. Recordemos que en agosto de 2022, la Fiscalía General de la República giró 83 órdenes de aprehensión contra mandos militares, policías y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, además de exfuncionarios estatales, quienes eran requeridos por ocultamiento de pruebas.
Estas órdenes se cancelaron porque se filtraron a la prensa, acto del que se responsabilizó al fiscal especial del caso, mismo que huyó a los Estados Unidos tras ser renunciado.
Anoche, el ex gobernador fue ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en espera de su primera audencia.
A nivel local, ciudanos y políticos se han pronunciado por su inocencia y libertad, mientras que otros indican que se permita a las autoridades federales hacer su trabajo.
Hace una semana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Fiscalía estaba trabajando en otras líneas de investigación del Caso Ayotzinapa, y que se les notificaría a los padres, quienes desafortunadamente están divididos. Y mientras ayer uno de los voceros dijo que Aguirre es un “chivo expiatorio”, el otro afirmó que el ex gobernador sí tiene responsabilidad en el caso.
El caso Ayotzinapa es considerado un crimen de lesa humanidad. Provocó en México una de las mayores crisis políticas y de derechos humanos en la historia reciente de México. La trama revela irregularidades, manipulación de evidencias y presuntos actos de encubrimiento (pacto de silencio). Veremos cuánto más se desenreda esta madeja.