Homero Rodríguez Serrano
INSEGURIDAD, POBREZA Y SALUD.
Resulta poco o nada entendible que el presidente Andrés Manuel López Obrador deseche las cifras generadas por organismos públicos de su propio gobierno, en lugar de atenderlas para revisar sus políticas públicas. En los últimos días, las cifras demuestran de manera abrumadora que la pobreza ha crecido en el país, que los apoyos sociales no llegan a donde deberían, que el sistema de salud no logra sobreponerse a la desaparición del Seguro Popular y que, en ese ambiente de mayor pobreza y desigualdad, la delincuencia y la inseguridad se ensanchan.
En los últimos años, un tema recurrente, ha sido el apoyo social que el gobierno ha brindado a los jóvenes para que no se enganchen con el crimen organizado, pero lo cierto es que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, el número de muchachos delinquiendo aumentó 8.2 por ciento sólo en los últimos cuatro meses, basándose en la cantidad de detenidos.
El incremento, va de la mano con la inseguridad, pero, sobre todo, de la siguiente información: según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el último año se disparó dramáticamente la pobreza y la pobreza extrema. A principios de 2021, había 55 millones 700 mil personas viviendo en pobreza, tres millones 800 mil más que el año anterior. De ellas, diez millones 800 mil viven en pobreza extrema, ese porcentaje pasó del 7 al 8.5 de la población.
El Coneval es la institución del Estado con la responsabilidad de medir la pobreza y la desigualdad. La única en el país. Sin embargo, el tabasqueño, desechó la información proporcionada por ese organismo pero que de alguna manera confirma la razón por la que despidió a Gabriel García Hernández, el responsable de los programas sociales de Palacio Nacional: no están funcionando, hay corrupción y en el camino de sustituir unos programas para reemplazarlos por otros, la gente al final tiene menos que antes. Los apoyos están mal focalizados y distribuidos.
Obviamente, todo esto tiene relación con la pandemia, pero el problema se origina desde antes. Por ejemplo, el pasado lunes se informó que 20 millones de personas perdieron el servicio de salud con la desaparición del Seguro Popular porque no han sabido o no han podido inscribirse en el Insabi. No están recibiendo atención y mucho menos medicamentos.
Como se recordará, al llegar a la presidencia, López Obrador, fiel a su estilo, de un plumazo y sin hacer una evaluación racional, desapareció el Seguro Popular. La desaparición de una institución y su cambio por otra que presenta graves problemas para operar ha repercutido en un alto costo social y eso se refleja en la medición de pobreza y pobreza extrema.
El Coneval, con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que levanta el Inegi, publico que, en 2018, al final del sexenio de Peña Nieto, había 20.1 millones sin acceso a los servicios de salud, el 16.2% de la población. Bueno, pues la cosa empeoro, ya que hoy tenemos más. En 2020, transcurrido un tercio del actual gobierno, este indicador se disparó de manera exponencial. Ya son 35.7 millones de mexicanos sin acceso a servicios de salud, 15.6 millones más que en 2018, el 28.2% de la población nacional.
Si a lo anterior, le sumamos que de 42.1 millones afiliados al Seguro Popular en 2018, sólo quedaron 26.9 millones en el Insabi en 2020, una pérdida de 15.2 millones. Esa caída influyó para que se abultara el número de pobres, precisamente en este sexenio donde, supuestamente, se le daría prioridad a la gente de menores recursos económicos.
Los origines del problema los podemos encontrar en la esfera del financiamiento. El gasto en salud se redujo en términos reales en los presupuestos de 2019 y 2020, a pesar de la promesa de crear el Insabi, cuya implementación, hasta ahora ha resultado un rotundo fracaso. Al quite tuvo que entrar el IMSS; el Presidente recientemente le transfirió la responsabilidad de operar diez hospitales que estaban a cargo del nuevo organismo.
En medio de todo esto, la que sí parece una decisión irreversible es que, como lo aseguro el de Macuspana, “llueve, truene o relampaguee” a fin de mes se regresará a clases presenciales. Más allá de que universidades y varios estados toman con mucha distancia esa decisión, lo cierto es que apenas al inicio de la semana se comenzaron a revisar las escuelas primarias que deberán abrir en 18 días para ver si tienen carencias o cómo quedaron las que han sido saqueadas, que superan, con amplitud, el centenar. Hubo meses para hacerlo, pero en sólo en tres semanas se pretende ponerlas en condiciones, después de año y medio de estar cerradas y en el abandono en todo el país. Saludos amigos.