Euclides Lacuña
Poder criminal
Posesionado desde hace varios años del estado de Tamaulipas, el crimen organizado impone sus condiciones al gobierno, y pretende imponerse sobre el poder federal. Sustentado en el terror ocasionado por secuestros y matanzas en casi todo el estado, el crimen organizado se alzó con el poder político al aliarse con las clases políticas locales, de las cuales se apoderó y sometió sin encontrar la menor resistencia, llegando al grado de colocar en el gobierno del estado a uno de sus aliados, el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca, el cual tiene una orden de arresto en su contra, que el Poder Judicial de la federación ha hecho hasta lo imposible por impedir, utilizando diversas argucias legales.
El caso Cabeza de Vaca es un caso que ha cobrado la mayor relevancia en la opinión pública debido a la defensa abierta que el Poder Judicial y el Congreso del estado han asumido a favor del presunto criminal que ejerce las funciones de gobernador en el estado de Tamaulipas, impidiendo hasta ahora que la federación pueda ejercer el mandato de la Fiscalía federal ha emitido fundamentado en las evidencias proporcionadas, entre otros, por la Unidad de Inteligencia Financiera y por el gobierno de Estados Unidos. El Congreso del estado asimismo, renunciando a su soberanía y a su supuesta independencia, ha modificado la Constitución estatal con el objeto de acomodarla a las necesidades de defensa del gobernador del estado, y ya anuncia una nueva reforma a la Constitución local -aprovechando la mayoría con la que todavía cuentan- para prácticamente blindar al gobernador del estado y evitar que sea enjuiciado en el ejercicio de sus funciones.
Al mismo tiempo, han desarrollado una campaña en los medios de comunicación nacionales y estatales afines, orientada a posicionar la idea de que el desafuero es una persecución política del gobierno federal, en contra de un gobernador de la oposición de derecha, surgido del PAN, y como suelen hacerlo en los medios, han descalificado la existencia de las evidencias de compra de inmuebles con dinero proveniente presuntamente del narcotráfico y el crimen organizado, como se evidencia en las investigaciones realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal.
Que el gobernador, los diputados locales de todos los partidos políticos, y las dependencias de justicia del gobierno del estado ignoren el mandato federal, lo bloqueen e incluso lo ataquen para proteger a un gobernador impuesto por el crimen organizado, es entendible dadas las ramificaciones de complicidad que el crimen organizado ha establecido en las entidades federativas en donde se ha consolidado. Lo que parece increíble, totalmente surrealista, es la postura de los jueces y magistrados del Poder Judicial, que no han emitido una resolución final acerca del desafuero decidido por la Cámara de Diputados. Inmediatamente surge la pregunta acerca de si realmente el Poder Judicial es un Poder de la Unión, o un Poder de la criminalidad organizada, insertado en los Poderes de la Unión. Uno pensaría que jueces y magistrados serían los primeros en estar interesados en someter a juicio a un presunto criminal de altos vuelos, al que se le han presentado acusaciones formales legalmente fundamentadas y claramente comprobables.
Lamentablemente no es así. El Poder Judicial de la federación, y muchos de los estados, lo que han mostrado es un sometimiento total a la criminalidad, por lo cual cobran a los mexicanos salarios groseros, ofensivos a la inteligencia, que si reflejaran un trabajo efectivo preservando la seguridad de la población, no habría ningún problema, ninguna objeción de nadie. Lamentablemente no es así y los criminales pueden estar tranquilos pues por ahora cuentan con una protección efectiva y eficaz nada más y nada menos, que desde uno de los poderes de la Unión y de los estados.