UAGro: acosadores
Una de las cuentas pendientes de los dirigentes de la Universidad Autónoma de Guerrero, y nos atrevemos a decir que del sector educativo en general, en todos sus niveles, es frenar el acoso sexual contra estudiantes y la corrupción en que caen profesores, directivos y administrativos.
Ayer, el rector de al UAGro anunció que por decisión del Consejo Universitario, 7 profesores fueron expulsados de los planteles, 3 de ellos pertenecían a la Escuela Preparatoria número 8 de Ciudad Altamirano.
Según el rector Javier Saldaña Almazán, a tres de los despedidos se les comprobaron actos de violencia de género en la modalidad de acoso sexual y cuatro más por cometer actos de corrupción y cobros indebidos a los estudiantes.
Por años la prensa guerrerense ha venido denunciando quejas de este tipo, pero que pocas veces prosperan. A lo más que se llega es a que el acusado sea cambiado de escuela o puesto a disposición de sus supervisores e inspectores, siempre protegidos por sus sindicatos, pero prácticamente nadie pisa la cárcel.
Es cierto que la denuncia penal ya es cosa de los estudiantes agraviados, hombres y mujeres, y sus familias; pero también es verdad que las instituciones tienen la obligación de garantizar espacios libres de este tipo de violencia.
En las universidades, de hecho, las estudiantes no sólo tienen que tolerar a los profesores que, o bien las acosan a cambio de calificaciones, o bien les exigen cosas materiales como intercambio para aprobarlas; ellas además deben soportar a sus compañeros, y se han llegado a registrar casos lamentables de violaciones e incluso muerte, como en la UNAM, por ejemplo. O lo que recientemente sucedió en una universidad privada de Tlaquepaque, Jalisco, donde un joven armado con un hacha ingresó para asesinar a estudiantes, sin lograrlo, por lo que terminó matando a dos trabajadoras administrativas.
Con estos ejemplos y lo que ha sucedido también en Estados Unidos, podemos afirmar que los centros escolares se han convertido en lugares inseguros para nuestros hijos e hijas, y que no sólo los rectores y directores, sino las autoridades en general deben atajar la violencia escolar de inmediato.
Y la hay de dos tipos: la externa, lo que sucede afuera de los planteles o los que ingresan a causar daños violando los controles de seguridad. Y la violencia interna, la que generan profesores, administrativos, intendentes, directivos, estudiantes, etcétera.
Ambas modalidades son peligrosas pero la más grave y lastimosa es la interna, la que provocan aquellos que están al cuidado de la comunidad estudiantil, y que además les pagan por ello, sea que se trate de escuelas oficiales, o escuelas privadas. Nuestros hijos e hijas no pueden estar a merced de aquellos que han hecho de su profesión un negocio o un espacio para sus bajas pasiones, cebándose sobre jóvenes indefensos y subordinados a pasiones deshonestas o ambiciones, aprovechando las redes de protección que los cubren, tanto de parte de sus superiores como de parte de sus sindicatos.