Autodefensas
En el sepelio de Bruno Plácido Valerio, el pasado jueves, se anunció que la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero (UPOEG), entrará en un proceso de reactivación, teniendo como brazos aliados a la CRAC de los Pueblos Fundadores (creada por Cirino Plácido Valerio, también finado), y el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), fundado por Jesús Plácido Galindo, sobrino de lo Bruno y Cirino.
Gonzalo Torres Valencia, uno de los pocos fundadores vivos de aquella Policía Ciudadana, creada en 2013 como brazo armado de la UPOEG, anunció que se reagruparán en los territorios de Costa Chica, Ocotito y zona rural de Acapulco.
Pero no están tomando en cuenta que Bruno fue bastante hábil para negociar con el gobierno estatal una reactivación controlada de la UPOEG y su policía ciudadana, partiendo de acuerdos concretos, entre estos la credencialización de sus miembros.
Esa fue la condición que el gobierno de Evelyn Salgado Pineda les puso para dejarlos operar como una especie de símil de la CRAC-PC, aunque no reúnan los requisitos de policía comunitaria y más bien sean una autodefensa armada y pagada por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero.
Si Torres Valencia considera que ese proceso ya no es necesario y se lanza a reabrir sus comandancias y sus retenes, entonce estarán demostrando que desde dentro de la UPOEG, como Bruno Plácido alguna vez reconoció, había y hay una franca oposición a que el gobierno se inmiscuya y les exija los mismos controles internos que a la CRAC-PC, aunque no estén aposentados en comunidades indígenas.
¿Qué requisitos? Concretamente que los elementos policiales resulten electos en asambleas comunitarias, que dependan de un comisario municipal y que presten sus servicios como una aportación o tequio a la comunidad, sin buscar sueldo o remuneración alguna, porque esto es precisamente lo que desvirtuó el proyecto original de la UPOEG, el hecho de que el gobierno dejó de entregales dinero para su financiamiento, y al no recibir tampoco aportaciones de ningún municipio -como sí ocurre con la CRAC-PC-, entonces ellos mismos se financiaban a partir de cobros de multas a detenidos, cobros de porcentajes elevados a personas que acudían a sus comandancias a pedir ayuda para cobrar adeudos, etcétera. Esto por señalar lo más light.
Las comandancias de la UPOEG sí tenían consejeros, pero eran cero a la izquierda. Quienes mandan en ese sistema son los comandantes, mismos que a su vez son coordinadores municipales, y entre ellos había un coordinador regional. En realidad, Bruno Plácido sólo era la cara visible de un entramado bastante intrincado y ya muy corrompido. De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Bruno ya tenía algunas listas autorizadas de comunidades, pero no alcanzó a hacerlas públicas. Vamos, ni siquiera se trataba de una depuración de los elementos que ya estaban operando, sino de hacer todo nuevo, desde la base. ¿Cuántos reunirían los requisitos? Gonzalo Torres Valencia tendrá que enfrentar esa oposición interna o saltarse la barda gubernamental.